Echegaray dijo que “la presidenta no es socia de Lázaro Báez”. Pero durante la era K, los funcionarios de la AFIP que investigaron al empresario fueron desplazados. Además, fueron premiados los responsables de “dibujar” las declaraciones juradas de la familia Kirchner
A esta altura, todo lo que pueda decir un personaje como Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, carece de seriedad. Pero sus declaraciones muestran la desesperación que existe en la administración K ante la posibilidad de que, cuando Cristina Fernández deje el poder, muchos funcionaros terminen tras la rejas.
Ayer, sin ponerse colorado, Echegaray encabezó una conferencia de prensa para afirmar que “la presidenta no es socia de Lázaro Báez, es un grosero error”. El titular de la AFIP buscó contestar una investigación periodística del diario La Nación que demostró que, con complicidad del organismo recaudador, el empresario kirchnerista usó facturas truchas para evadir millones de pesos en impuestos (ver Su pasado lo condena).
Lázaro Báez es un exempleado del Banco de Santa Cruz, que figura al frente de un imperio empresario que creció a la par de obras públicas digitadas desde la Casa Rosada, durante la mal llamada “década ganada”. Es tal la relación con los K, que Máximo Kirchner cobró más de $700.000 por año por “alquileres” de inmuebles de la familia presidencial, ubicados en Río Gallegos, que pagaron distintas empresas de Báez. La mayoría de estos inmuebles son habitaciones de los hoteles vinculados a los K.
En realidad, lo que es grosero es el manto de protección que ha tendido la AFIP para ocultar el escandaloso crecimiento patrimonial que ha tenido la familia Kirchner desde que llegó a la Casa Rosada. Desde 2003 a 2010, antes del fallecimiento de Néstor, se había incrementado en un 1071% ya que pasó de $7 a $82 millones. En otras palabras, los números no cierran por ningún lado y más si se tiene en cuenta que la presidenta jamás fue “una abogada exitosa”, como ella se definió en Harvard. De hecho, se graduó de forma tardía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y ni siquiera se matriculó para ejercer la profesión.
La defensa que ayer hizo Echegaray de su jefa no fue un hecho aislado. No bien asumió el cargo en el año 2009, habría mandado a un equipo de funcionarios de la AFIP a la Patagonia para reunirse con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en su estudio. Allí habrían “retocado” las declaraciones juradas de la familia presidencial, fabricando la excusa perfecta para que el inefable juez Norberto Oyarbide archivara una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito.
¿Quiénes viajaron? El subdirector de Fiscalizaciones, Horacio Curien; el entonces jefe de la Sección Investigaciones, Carlos Leturia, y el director de la Regional de Comodoro Rivadavia, Héctor Sartal. Los tres llegaron hasta Río Gallegos en una camioneta Ford Ranger. ¿Qué fue de la vida de los tres expedicionarios? Fueron ascendidos y/o premiados con más poder dentro de la AFIP.
Si bien Curien sigue desempeñándose como subdirector de Fiscalizaciones, actualmente sería uno de los funcionarios con mayor peso dentro del organigrama de la AFIP. Y ello también le permitió elevar su nivel de vida: actualmente estaría radicado en el exclusivo country Pilar del Este, sobre la Ruta Panamericana.
En tanto, Leturia fue ascendido y quedó a cargo de una de las regionales más importante que tiene el organismo recaudador en el interior del país, como es la que se encuentra en Mendoza, que también tiene jurisdicción sobre San Luis. Un dato llamativo es que Leturia, siendo director regional de la AFIP, en el organismo recaudador declara como actividad principal la de prestar “servicios inmobiliarios”.
Sartal también fue escalando posiciones en el organismo recaudador durante la era K. De hecho, durante la gestión de Claudio Moroni en la AFIP (el antecesor de Echegaray), pasó de ser titular de la División Fiscalización de la Dirección Regional de Palermo a estar a cargo de la regional de Comodoro Rivadavia. Allí reemplazó a Norman Ariel Williams, quien cayó en desgracia por haber detectado que empresas de Lázaro Báez habrían facturado $ 500 millones con facturas falsas, de sociedades anónimas fantasmas. Junto a él, cayeron otros de sabuesos que formaron parte de las pesquisas. En tanto, como el entonces subdirector de Investigaciones de la Dirección General Impositiva (DGI), Jaime Mecikovsky, resistió el desplazamiento de Williams, también terminó siendo corrido. La misma suerte tuvo su superior en el cargo, el entonces director de la DGI, Héctor Catagnola. Este último cargo es ejercido desde el año 2008 por el veterano Angel Rubén Toninelli, quien ayer acompañó a Echegaray en la conferencia de prensa. Otro dato llamativo: Toninelli tiene 76 años, es una de las máximas autoridades de la AFIP y figura como monotributista categoría C en el propio organismo recaudador. En definitiva, está claro que, desde hace tiempo, en la AFIP reina la corrupción.
Otro premiado
Otro funcionario de la AFIP involucrado en casos de corrupción, que fue premiado, es Rafael Resnick Brenner, el exjefe de gabinete de Echegaray que se encuentra procesado en la causa de la exCiccone, al haber habilitado una escandalosa moratoria para que los presuntos testaferros del vicepresidente pudieran levantar la quiebra de la empresa. Lejos de haber sido aparatado, Resnick Brenner fue trasladado a Salta, donde asumió como director regional de la AFIP. Allí se instaló en una habitación del exclusivo hotel cinco estrellas Alejandro I y habría desplegado una red de apriete a empresarios y productores rurales.
- HAY ELEMENTOS PARA INCRIMINAR A LOS KIRCHNER POR LAVADO.
Así lo afirmó la diputada Margarita Stolbizer, que presentó nuevas pruebas sobre las presuntas operaciones de blanqueo que involucran a Lázaro Báez
La diputada del GEN Margarita Stolbizer (GEN) aseguró ayer que “hay elementos para incriminar no sólo a (Lázaro) Báez y su entorno, sino al propio matrimonio Kirchner”, en las causas que investigan supuesto lavado de dinero del empresario santacruceño.
Stolbizer presentó un escrito ante la jueza en lo Penal especializado en Crimen Organizado de Uruguay, Adriana De los Santos, a cargo de la investigación por el delito de lavado de dinero que involucra a empresas de Lázaro Báez.
En el escrito, Stolbizer incluyó “documentación demostrativa de nuevos vínculos o redes entre éstas y otras radicadas tanto en el extranjero como en nuestro país” y aseguró que “hay elementos para incriminar no solo a Báez y su entorno, sino al propio matrimonio Kirchner”.
En ese sentido, indicó que dicha documentación “es un informe oficial emitido por la Inspección General de Justicia de la Nación Argentina, del cual surge que una de las empresas investigadas en Uruguay, RELOWAY COMPANY S.A., se encuentra inscripta en nuestro país con domicilio social en Avenida Roque Sáenz Peña 971, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires y su representante legal es Lázaro Báez, quien también denuncia el anteriormente citado como su domicilio real”.
“Ese dato que se aporta es fundamental porque se desconocía que el representante de esa sociedad es Lázaro Báez y eso podría demostrar que la misma ha sido utilizada para ocultar identidad en el país vecino”, alertó Stolbizer.
Además, detalló que “en Uruguay, la inscripción de la mencionada Reloway Company presentaba serias inconsistencias, como su domicilio en un lugar donde los moradores dicen desconocerla y habiendo dicho que se trataba de una compañía financiera no tiene ningún vínculo con el sistema financiero local”.
“A su vez, recordamos que el propio Báez había dicho que esa empresa había sido la que inyectaba millones de pesos a Badial Sociedad Anónima, del mismo titular”, agregó. Asimismo, explicó que el punto “más llamativo de la información” es que “el domicilio denunciado en Argentina coincide con el de la sede legal y administrativa de OIL M&S, del Grupo Indalo, propiedad del (empresario) Sr. Cristóbal López”.
“Aquí es donde las vinculaciones que se establecen por arriba de los negocios y empresas investigadas toca al corazón del gobierno argentino, porque no hay duda que el punto de conexión de los negocios realizados durante estos años, entre ambos empresarios (Báez y López) es el matrimonio Kirchner”, apuntó la diputada.
Stolbizer estuvo la semana pasada en Suiza, donde además estableció una serie de contactos relacionados con la ruta del dinero y las investigaciones que realiza el Ministerio Público Federal de ese país.
- SU PASADO LOS CONDENA.
Los involucrados en el escándalo por subsidios truchos en la Oncca, fueron premiados por Ricardo Echegaray con altos cargos dentro de la AFIP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debería ser un organismo intachable, conducido por gente capacitada para dirigir cargos de alta importancia, pero como suele suceder en un país quebrado en sus instituciones, quienes lo comandan no son lo todo claros que deberían ser.
A las denuncias contra su titular, Ricardo Echegaray, por el supuesto otorgamiento de subsidios truchos durante su gestión al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), y por haberle dado una moratoria excepcional a la exCiccone Calcográfica para que luego fuera adquirida por allegados al vicepresidente Amado Boudou, se le suma una gran cantidad de funcionarios menores que están involucrados en casos teñidos de oscuridad. Si bien la causa que lo investigó por las supuestas irregularidades en la Oncca terminó en la nada en la Justicia, la sospecha quedó instalada en la sociedad, más cuando muchos de los involucrados en la misma están hoy día ocupando cargos de suma importancia dentro de la AFIP.
Uno de ellos es la actual Directora General de Recursos de la Seguridad Social, Silvana Quinteros, cuarta en orden de importancia dentro del ente recaudador. Quinteros, exdelegada de la Oncca en Bahía Blanca y amiga íntima de la esposa de Echegaray, Silvana Oviedo, se vio involucrada en el tema de los subsidios truchos del organismo público, en el caso de la compra del campo “Haciendas Argentinas SA”, donde una humilde monotributista de la clase más baja del escalafón, figuraba como dueña del mismo.
Diego Garayzábal, responsable máximo de la AFIP en la provincia de Córdoba, es un íntimo colaborador de Echegaray, y al igual que su jefe, fue imputado en la causa por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios a los feed lots en la Oncca. Además, Garayzábal fue denunciado de poseer una red de negocios paralelos a la de su cargo en el organismo estatal, que no serían compatibles con su papel de funcionario público.
Otro de los casos es el de Juan María Conte, un ignoto abogado que se ganó la confianza de Echegaray en la Oncca, y que hoy ocupa la Subdirección General de Administración Financiera de la AFIP. Conte manejó las compensaciones millonarias del organismo público, y por ello tuvo que dar explicaciones reiteradas veces por el destino dado a esos dineros.
Quien también estuvo envuelto en el caso de los subsidios de la Oncca, es el actual Subdirector General de Técnico Legal Impositiva, Pablo Jorge Aguilera, uno de los hombres de mayor confianza de Echegaray en la AFIP. A Aguilera se lo señala como el responsable de haber introducido en el organismo público a Luis María Capellano, a quien fuentes judiciales atribuían que desde su estudio jurídico se gestionaban los pagos que hacía la Oncca.
Otras de las personas que estuvo implicada en el caso y que conoce a Echegaray desde hace más de 30 años, es Fernando Villaverde, que lo acompañó en sus comienzos en la AFIP como Subdirector de Planificación. Villaverde también se ve en el medio de la causa que se le sigue al vicepresidente Amado Boudou por la compra de Ciccone, nombrándose el teléfono de su actual socio Rodolfo Usuna, como uno de los cuales más llamados se hacían al teléfono de Boudou. Tanto Villaverde como Usuna tienen en estos días un estudio desde el cual se asesora a empresas y personas con problemas con la AFIP, desde donde ganan y cobran comisiones millonarias.
Las empresas fantasmas
Durante la conferencia de prensa de ayer, Echegaray calificó a Lázaro Báez como “un contribuyente más”. Pero no pudo desmentir que la empresa Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas de Báez, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca.
El funcionario optó por dar a conocer un larguísimo listado de empresas que usan facturas truchas. “Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez. Hemos tomado la decisión de dar un salto de transparencia y calidad institucional. Hemos decidido poner en nuestra página web los que son usinas de facturas y los que son usuarios de facturas apócrifas. La que debe decidir es la Justicia”, anunció.
Austral Construcciones canceló servicios nunca prestados para evadir impuestos, utilizando compañías de Bahía Blanca.
La compra de testaferros
El escándalo sucedido en la Oncca, dejó al descubierto una red de compra de firmas de indigentes para hacerlos figurar como propietarios de feedlots para luego cobrar millonarios subsidios por parte del organismo estatal.
Según investigó la Auditoría General de la Nación (AGN), alrededor de 7 millones de pesos fueron pagados de más a empresas agrícolas y nunca fueron reclamados, descubriéndose así un entramado de corrupción gigantesco en momentos en que Ricardo Echegaray estaba al frente del organismo estatal.
El informe de la AGN fue contundente con la labor de la Oncca, al sostener que “se autorizaron pagos de subsidios por montos hasta un 30% superiores a los solicitados por los beneficiarios, haciéndose sin ninguna fundamentación, y en los casos en que se comprobó que se habían otorgado beneficios de más, nos e articuló ninguna acción de recupero”.
La compra de testaferros entre los sectores más humildes de la sociedad, es lamentablemente una de las prácticas más usadas por parte del poder político a la hora de llevar a delante casos de corrupción, alejando aún un poco más a la clase dirigente de la sociedad.
El principio del fin
El estruendo al interior del kirchnerismo que significó la causa judicial por los subsidios truchos en la Oncca, llevó a la presidenta Cristina Fernández, a disolver el organismo público en 2011, disponiendo la creación de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI).
Diversas fuentes consultadas por Hoy, se encargan de remarcar que el acabar con la estructura de la Oncca fue una decisión personal de la Jefa de Estado para de esa manera intentar “salvar” de los reclamos de la Justicia a Ricardo Echegaray y poder seguir contando con sus servicios en el Ejecutivo.
La destrucción del organismo público significó para diferentes sectores opositores cerrar el debate dentro del gobierno y el Congreso nacional de la posibilidad de fijar reglas claras para el tratamiento del mercado agropecuario, lo que dio cabida a que el Estado siga interviniendo a su antojo en el sector que mayores divisas deja para las arcas públicas
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